El Gobierno Nacional anuncia el inicio del proceso para que el Estado panameño adquiera la totalidad de la participación privada en Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP), equivalente al 41 % de las acciones de la empresa.
Una vez concluida la transacción, la República de Panamá será propietaria del 100 % de PTP, consolidando el control nacional sobre una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país y una plataforma clave para el desarrollo logístico y energético de Panamá.
La adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho contractual vigente desde 1977, establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, aprobado por la Asamblea Nacional y aceptado por todas las partes involucradas. Esta operación tiene como propósito fortalecer la gestión de un activo estratégico bajo dirección panameña, generando mayores beneficios económicos, oportunidades e ingresos para el país.
El mecanismo financiero previsto permitirá que la adquisición sea pagada con los ingresos y flujos generados por la propia empresa. En consecuencia, la operación no requerirá recursos del Tesoro Nacional, no implicará endeudamiento público ni afectará el financiamiento de obras, programas sociales o inversiones del Gobierno.
Además, el proceso garantiza la estabilidad de los puestos de trabajo existentes, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación eficiente de los servicios a los clientes de Petroterminal de Panamá.
Esta iniciativa responde a la visión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de fortalecer los activos estratégicos bajo control panameño, incrementar los recursos para el Estado y reforzar la soberanía nacional frente a los desafíos geopolíticos que impactan sectores estratégicos.
El Gobierno destacó que esta adquisición constituye una actuación plenamente legal y legítima. No se trata de una modificación unilateral de las condiciones contractuales ni de una expropiación, sino del ejercicio de una opción de compra prevista desde la creación de la empresa y aceptada por todos los accionistas.
El precio de adquisición será determinado conforme a la metodología establecida en el propio Contrato de Asociación, utilizando la fórmula previamente acordada y aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal de Panamá. De esta manera, el valor de la participación será calculado con criterios objetivos, verificables y sustentados en la información financiera de la empresa, sin que pueda ser fijado discrecionalmente por el Gobierno ni por la compañía.
"Panamá está construyendo un mejor futuro, tomando las mejores decisiones y pensando en el porvenir de la nación. Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas.
Nuestro objetivo es que esta infraestructura estratégica genere cada vez más valor y mayores beneficios para todos los panameños", señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
La recuperación de la totalidad de las acciones permitirá que el valor generado por Petroterminal de Panamá beneficie de manera más directa al Estado y a todos los panameños. La estrategia contempla: Promover nuevas inversiones y oportunidades en los sectores energético, logístico y marítimo, impulsando la generación de empleo, Fortalecer la posición de Panamá como centro energético y logístico de alcance regional, Preservar bajo propiedad nacional una infraestructura estratégica para el desarrollo del país y Maximizar, en el largo plazo, los beneficios económicos y sociales derivados de este activo.
El objetivo es convertir la posición geográfica privilegiada de Panamá en mayores oportunidades económicas, más empleos, mejores ingresos y un renovado orgullo nacional por la capacidad del país de administrar exitosamente sus activos estratégicos.
La consolidación de la propiedad estatal estará acompañada por un modelo de gestión basado en estándares internacionales de eficiencia, seguridad, transparencia, gobernanza corporativa y competitividad, con el propósito de proteger el valor de la empresa y los mejores intereses de la Nación.
El Ministerio de Economía y Finanzas informará oportunamente sobre las siguientes etapas del proceso, respetando la confidencialidad de la información financiera y contractual protegida por la ley.
